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Hace cinco años el gobierno de Coahuila y su partido, el PRI, hicieron una arriesgada apuesta política sobre el problema financiero más relevante de la historia reciente de la entidad. En 2012, la administración estatal de Rubén Moreira, secundada por los priistas ligados a su equipo, asumió la postura de “dar vuelta a la página” al tema de la deuda de 35,547 millones de pesos que recibió del gobierno de su hermano Humberto Moreira, y que el Congreso local reestructuró y legalizó entonces, a pesar de que una parte de ese monto fue contratado de forma ilícita. De igual manera, pidió a la ciudadanía “superar” el tema y ver hacia adelante.

¿Qué implicaba esta postura? De forma explícita, en primer lugar, dejar de lado la crítica por la manera en la que se contrataron los créditos y la opacidad con la que se ejercieron los recursos. En segundo, hacer lo posible por mantener la inversión pública en medio de un escenario muy complicado por los fuertes compromisos con los bancos. En tercer lugar, buscar la forma de hacer más manejable la deuda a la par de encontrar otras fuentes para pagarla y así impedir que la calificación crediticia continuara cayendo. Pero, de forma implícita, significó también la renuncia a investigar la contratación ilegal de los créditos y a esclarecer el destino de los recursos. La ausencia de resultados en ambos puntos es muestra clara de ello.

Hoy, a escasos meses de que termine el segundo sexenio encabezado por un Moreira, y a pesar del llamado a “dar vuelta a la página”, la deuda sigue siendo tema a la luz de los datos revelados por El Siglo de Torreón y la Secretaría de Hacienda la semana pasada. Lo primero que llama la atención es que a pesar de las reestructuras, refinanciamientos y los pagos, el monto del endeudamiento no ha disminuido; por el contrario, ha aumentado. En la actual administración estatal, los coahuilenses han pagado por concepto de servicio de deuda 16,757 millones de pesos, es decir, poco menos de la mitad del monto total del endeudamiento que recibió este gobierno. No obstante, la amortización ha sido mínima ya que la gran mayoría de los recursos pagados, alrededor del 86 %, han sido consumidos por los intereses.

Pero lo peor es que en el transcurso del sexenio los adeudos bancarios no han dejado de subir debido a que el gobierno del Estado ha contratado nuevos créditos para hacer frente a otros compromisos financieros. El reducido porcentaje abonado a capital y la contratación de más deuda son las razones por las que el monto actualmente asciende a 37,722 millones de pesos, es decir, 6.11 % más que el recibido en diciembre de 2011, tal y como lo establece la reportera Lucía Pérez en una nota publicada por El Siglo de Torreón el lunes pasado. Imposible dar vuelta a la página al tema de la deuda si ésta continúa creciendo a pesar del compromiso oficial de disminuirla.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda publicó su sistema de alertas de las entidades federativas en el cual califica las deudas estatales. El sistema incluye un semáforo para identificar la gravedad de los compromisos financieros de los gobiernos subnacionales. El único estado que aparece en foco rojo, es decir, con un nivel de endeudamiento elevado, es Coahuila. La medición se basa en tres indicadores, de los cuales el más importante es el de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, en donde Coahuila aparece con 205.7 %, por mucho, el valor más alto de la lista. Este indicador quiere decir que las obligaciones financieras totales superan tres veces los ingresos de libre disposición de la entidad.

En términos prácticos, esta realidad se traduce en que el próximo gobierno estará más “atado” aún en materia financiera que el actual. Hacienda establece que un estado con un nivel de endeudamiento elevado, como el de Coahuila, no podrá contratar financiamiento adicional el próximo año si no firma antes un convenio de ajuste en sus finanzas públicas. Es decir, apretarse el cinturón en serio para reducir el gasto superfluo o prescindible y la inversión social, además de recaudar más recursos vía impuestos. Lo que en Europa llaman aplicar políticas de austeridad.

El escenario para el próximo gobierno pinta bastante complicado. Por una parte, tendrá que seguir castigando la inversión pública, como lo hizo la actual administración, para poder pagar una deuda de mayor volumen heredada. Por la otra, no podrá acceder a nuevos créditos para enfrentar sus compromisos mínimos de obras, programas y servicios si no presenta antes un plan real y viable de ajuste del gasto y de incremento de la recaudación. En este último punto, la sombra de la tenencia y el aumento de otros impuestos comienza a posarse sobre los contribuyentes.

Pero también en el aspecto político que toca al tema de la deuda la situación es difícil. El fuerte desgaste que implicó para los principales contendientes la pasada elección, el cuestionamiento sobre el resultado, la judicialización del proceso, las dudas razonables respecto a la aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción y la creciente presión por saber el destino de los recursos de una deuda que tardará por lo menos una generación en saldarse, configuran un margen de maniobra muy reducido para el futuro gobernador, independientemente de lo que ocurra en los tribunales electorales.

Hace casi cinco años el gobierno de Coahuila lanzó la apuesta de dar vuelta a la página en el tema de la deuda. Hoy vemos que fracasó, y que la próxima administración tampoco podrá hacerlo.

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